Castillo y Tenisca no pudieron, pero por narices… no fue.

GUANARTEME .- La S.D. Tenisca y el Castillo de Gran Canaria, jugaban la fase de ascenso a 2ª B del futbol hispano.  El primero terminaba la larga fase de clasificación contra el Cacereño y el segundo contra el Mallorca B. No fue posible.  No quiero pensar la animacion que hubo en La Palma y  el Castillo del Romeral ante tales eventos, ajenos al  futbol profesional y a tanto despilfarro.

Como siento no haber visto a mi Tenis, que tras veinte años de diaspora tanto deseo volver a seguir domingo a domingo.  Como siento que los amigos y compañeros del Castillo del Romeral no hayan podido celebrarlo tampoco.  Pero en el futbol de la 3ª División Canaria ni hay ni queremos Florentinos y Laportas, hay mucha afición y quizás demasiado apasionamiento,  pero eso no tiene nada que ver con nuestra humildad  y nuestra forma de ver la vida.

Perdimos, pero por ….ganas  no fue.  Animo y a seguir adelante.

Ourense – Caravaca	1-0	1-3
Castillo – Mallorca B	2-1	0-1
La Nucía – R. S. D. Alcalá	0-0	0-2
Noja – Izarra	0-1	1-1
Sp. Mahonés – Tenerife B	2-1	1-0
Cacereño – Tenisca	2-0	1-0

Gallizo crea una nueva ley de vivienda para trabajadores penitenciarios que bordea el ridiculo.

GUANARTEME.- Con fecha 6 de Junio la Secretaría General de II PP ha revuelto el gallinero laboral penitenciario.  Si,   con esta fecha se publicó en el BOE, la Orden INT/1472/2009  de 28 de Mayo por la que se regula la cesión de uso de viviendas para personal funcionario y laboral de IIPP . Esta orden sustituye a la anterior vigente de Mayor Oreja , de 13 de Marzo de 1.998.

Ya en este blog hemos hablado de la injusticia que supone  l a existencia de viviendas en algunas prisiones antiguas y la no-existencia en las nuevas, que son mayoria. Sobre todo porque muchas de las nuevas prisiones tipo, se encuentran ubicadas en lugares tan perdidos o más que las antiguas que tienen viviendas para funcionarios.  El ejemplo más claro es Daroca, una prisión que data de 1.984, en medio de la nada en ese entonces, pero que ahora con la cercanía de lá A-23 y la existencia de un autobus a Zaragoza-capital gratuíto deja de tener relevancia como sitio “penoso” y por otro lado  Albocasser, un pueblo en las sierras de Castellón, con menos habitantes que Daroca, sin Instituto, como Daroca, sin Autovias cercanas como Daroca, y con una Prisión tipo, que triplica la de Daroca y  que no posee pabellones-vivienda.

¿Es esto justo?  Pues bien la SGIIPP ha modificado la ley que regula las antiguas viviendas penitenciarias que datan del franquismo.  Por lo visto en diversos complejos Penitenciarios, como Alcalá de Henares,  Puerto de Santamaría o Las Palmas, existían irregularidades graves.  En las demás también, pero depende de quien catalogue porqué son graves o muy graves  estas irregularidades  salgan a la luz.  Las irregularidades consistían principalmente en el realquiler de las viviendas a personas foraneas a la Institución. También se producen irregularidades en el incumplimiento  del punto que prohibe tener vivienda en propiedad a 60 KMts.  o en la misma provincia.  Pero este no se menciona.

Para solucionar estos problemas, la SGIIPP elabora una nueva ley que aumenta los canones de uso de las viviendas y residencias en un 140%.  Y limita el uso de las viviendas, “de toda la vida hasta la jubilación”  a un periodo de ocho años, renovable.  Como cualquier persona curtida en sinverguenzas puede comprobar, esto sólo aumenta los ingresos de la SGIIPP y no resuelve lo que se pretende resolver.

Esta Ley sigue primando el que algunos funcionarios sigan teniendo privilegios sobre los demás, y ya sin razón  ninguna.  Sigue primando que funcionarios con 2.000 € de salario medio  más los de su conyuge, tengan acceso a un chalet adosado donado por el estado.  Hay que hacer incapié en que estas viviendas son para una minoría de funcionarios, porque la mayoría no puede acceder a ellas.

Otro caso aparte son las residencias de funcionarios.  Edificios compuestos de habitaciones con baño y nada más,  donde los funcionarios habitaban durante los días de trabajo.  Esta claro que en algunos sitios perdidos estas residencias cumplen una labor social.  Pero la cumplirían mejor si estuvieran coogestionadas con empresas privadas que activaran servicios como lavandería o cafetería y restaurante.

Algunos Sindicatos,  porque tienen intereses personales en el tema están que trinan, también algunos Directores porque se les acaba un chollo para premiar a sus lameculos y charlatanes de feria.  Pero la realidad es que la SGIIPP ha creado una ley que no acaba con las injusticias, que no condena las irregularidades y que castiga a los trabajadores honrados a los cuales se les va a subir los canones de uso un 140%  sin tener la culpa.

La solución es muy sencilla. Las resindencias de funcionarios deben  coogestionarse con la empresa privada y el resto de viviendas debe eliminarse,  amortizarse,  recalificarse y convertirse en vivienda de protección oficial o convertirse en instalaciones penitenciarias de 3 grado.

Todo menos seguir manteniendo una situación discriminatoria entre funcionarios públicos que tienen los mismos derechos y deberes.  Deberían andar por el terreno de la Acción Social, concediendo ayudas por diversos conceptos a quien los necesite y no dando piso a los que quierne ahorrar, pagando cuatro perras de alquiler,  para pagar la hipoteca de su piso en su provincia, mientras el resto no tiene derecho a ello.

La SGIIPP no resuelve nada, pues, sino simplemente aumenta la injusticia y la inexistencia de igualdad de oportunidades. Algunos Sindicatos como CSI-CSIF o ACAIP sólo defienden sus intereses  personalísimos,  como adjudicatarios, en muchos casos de estas viviendas.  Ppero ya sabemos que ellos son sindicatos de chiringuito,  de adosado, de los que después con desverguenza hablarán de equiparación salarial con tal y cual,  pero si la desiquiparación salarial la crearon ellos………

¡Que jeta!

Interior se olvida de la Reinserción Social.

La Provincia.es/CAV Castillo del Romeral.- El Ministerio del Interior ha optado por retrasar las dos grandes obras que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP) había programado en el interior del Valle de Jinámar.

Ni la unidad de madres ni el centro de inserción social para 150 presos de tercer grado -anunciados ambos en junio de 2007- verán a corto plazo la luz porque, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por potenciar la finalización de otra serie de equipamientos vinculados a Interior, como es el caso de las comisarías y las casas cuartel.

Como se recordará, ambas infraestructuras fueron presupuestadas en 8,6 millones de euros. La unidad de madres, para 15 plazas, tenía fijado un coste de 1,77 millones de euros y su fecha de inauguración para 2008. Madrid llegó a hacer catas en la parcela ubicada junto al colegio Montiano Placeres del barrio, donde se iba a levantar el inmueble, pero los trabajos fueron paralizados el 10 de mayo de 2007 por la Policía de Telde al carecer de licencia.

En cuanto al centro de inserción social de presos, éste iba a construirse en una explanada de 8.650 metros cuadrados situada en La Loma, en la zona alta del antiguo polígono. Uno de los planos estipulaba la creación de una rotonda y una vía longitudinal de acceso al mismo, que dispondría de 80 plazas de aparcamiento, un jardín de 3.320 metros y dos módulos -de cinco y tres plantas respectivamente- donde desarrollar talleres de inserción y cumplir penas privativas de libertad en régimen abierto. Es decir, que los reclusos deberían pernoctar obligatoriamente en él. Su coste, 4,41 millones de euros.

La Delegación del Gobierno confirmó al periódico La Provincia que estos proyectos “no han sido descartados, sino pospuestos” pese al avanzado estado de construcción que presenta la nueva cárcel de Juan Grande.

GUANARTEME.- Como se puede deducir el Ministerio de D. Alfredo Pérez opina que en Gran Canaria no hacen falta políticas  de reinserción social, sino de porra, comisarias y cuarteles. Primero encierra que de educación ya hablaremos…….  Y nos cansamos de esperar.

Y en Holanda sobran cárceles.

COPE – ACEPRENSA (CARMEN MONTON).- Habrá que reciclar los edificios para otro fin y evitar que el personal empleado en estas instituciones penitenciarias vaya al paro. De momento se han ofrecido 500 celdas en Tilburg al gobierno belga, al que le faltan cárceles y que envía delincuentes a casa por falta de espacio en las prisiones.

El actual sistema penitenciario holandés dispone de 14.000 celdas, de las que sobran 2.000. El problema del excedente de celdas tiene su “prehistoria”. En los años 70 creció la criminalidad en el país, por lo que de 1985 al 1995 se dobló el número de celdas y aún no eran suficientes.

En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, en vez de la pena de prisión. Por ejemplo, 240 horas de servicio en lugar de 6 meses de cárcel. Estas nuevas sanciones no se pusieron en práctica hasta 1997, y el número de encarcelados con pena de más de 6 meses bajó de 23.500 a 18.000.

Las protestas que habían surgido en décadas anteriores sobre la desproporción entre delito y pena y las críticas sobre lo inhumanos que resultaban los castigos también aceleraron el cambio de sanciones.

Sus defensores argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción social del trasgresor, no se le estigmatizaba como criminal por la pérdida de libertad y, en el caso de jóvenes, se involucraba a los padres en el seguimiento de la evolución de la conducta del delincuente.

Y, en efecto, se demostró que el tanto por ciento de reincidentes entre los que habían sido condenados a trabajos sociales era un 20% inferior al de los que habían estado en prisión.

También hay argumentos económicos que abogan a favor de sistema. Un delincuente castigado a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, su trabajo genera algún bien a la sociedad, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por año.

Según apunta el Ministerio Fiscal, el excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos. Aunque los políticos de partidos de la derecha atribuyen este descenso a que los jueces imponen penas menos severas en delitos como atracos con violencia, crimen, homicidio y delitos relacionados con drogas.

Esto último ha originado discusiones en la Segunda Cámara. Los partidos de la oposición, Liberales VVD y Populistas, PVV, han pedido un debate sobre la situación. El Ministro de Justicia, Enrst Hirsch Ballin, democristiano, ha tenido que enviar una carta a los diputados puntualizando qué tipo de faltas se pueden sancionar con trabajos sociales y qué delitos son suficientemente graves como para merecer prisión.

Las CC.AA que reciban menores inmigrantes de Canarias podrían asumir su tutela

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) - Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad y Política Social han elaborado un informe que considera viable que las autonomías que reciban menores inmigrantes no acompañados procedentes de las Islas Canarias asuman su tutela, según explicó hoy la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Según explicó en una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso sobre la política de inmigración del Gobierno, este informe, pendiente de confirmar por la Abogacía General del Estado, “apunta la viabilidad del cese de tutela en Canarias de los menores que pasen a otra comunidad autónoma y la asunción de la tutela por esta última”.

De adoptarse esta decisión, podría solucionarse el “problema de carácter jurídico relativo a la tutela del menor” que, conforme explicó De la Vega, ha afectado a la ejecución del convenio que el Gobierno central firmó con el insular en diciembre de 2008 para el traslado a la Península de 500 menores.

Según ha expresado en reiteradas ocasiones la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojo, el Ejecutivo insular asumía los costes de manutención de los menores inmigrantes aún cuando éstos ya habían sido trasladados a otras comunidades autónomas, porque conservaba la tutela efectiva sobre los niños también fuera de su territorio.

En total, entre 2006 y 2008 fueron trasladados a la Península un total de 500 niños que habían llegado a Canarias de forma irregular y sin compañía de un adulto. Para el medio millar de niños que el Gobierno pactó transferir a partir de 2009, las comunidades autónomas han ofrecido un total de 339 plazas.

La vicepresidenta señaló que ya se han trasladado 70 menores a estas plazas, 83 se encuentran “en posibilidad de traslado inmediato”, unos 78 “podrían ser tutelados por la comunidad de destino” y otros 108 serán trasladados a entidades colaboradoras “si su comunidad da el visto bueno”.

Durante su comparecencia, De la Vega hizo un repaso por todas las medidas articuladas en materia de inmigración tanto a nivel nacional como en el marco europeo o en relación a los países de origen de los inmigrantes. Así, afirmó que a nivel comunitario las iniciativas del Ejecutivo son “muy satisfactorias”, que España “está aprobando con nota la asignatura pendiente con África” y que en las iniciativas que se han adoptado en el mercado interno “están dando resultado”.

Las Penas Multa o la extorsión del estado.

DIAGONAL.- Joana García Grenzner / Redacción.- Martes 16 de junio de 2009.  Número 104

Las penas multa son sanciones económicas (que pueden ir de dos a 400 euros por día de condena) para pequeños delitos o faltas. Pero si la persona condenada no paga, la multa se convierte en cárcel, arresto domiciliario o la realización de trabajos para la comunidad. Esta modalidad de penas fue incorporada al arsenal judicial con la reforma del Código Penal de 1995. Su principal justificación es que esta nueva sanción respetaba la supuesta función resocializadora de la cárcel al sustituir las penas privativas de libertad por otro tipo de castigos.

Según Emma Roig, de la Assemblea contra les Penes Multa, “ya entonces había mucha población reclusa con condenas inferiores a dos años. Consideraban que encarcelar por ese período rompe los vínculos sociales pero no tiene función reinsertora. Se buscó reducir el número de reclusos y aumentar los ingresos del Estado”. Por su parte, Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los DD HH de la Universitat de Barcelona, considera las penas multa un “sistema de criminalización de la pobreza. No son alternativa a la cárcel, sino que contribuyen a su existencia y supervivencia”.

En 1999 la Fiscalía General del Estado instó a “suavizar” su régimen de cumplimiento para impedir que se asimilaran a la prisión. Pero cinco años más tarde, este mismo organismo rechazó que se examinara a fondo la situación económica de la persona condenada y recomendó imponer la cuota mínima sólo en casos de indigencia o miseria. Además, la reforma penal de 1995 había eliminado la figura de la insolvencia económica y había abierto la puerta a embargar todos los bienes a quien no pagara una sanción hasta dejarle como recursos sólo el equivalente al salario mínimo interprofesional. El resultado, según Rivera, es que “cumple menos pena quien más paga, no quien menos delinque”.

Según Roig, actualmente las penas multa recaen sobre una población muy diversa: “Por ejemplo, en la cárcel Modelo de Barcelona hay condenados por no pagar multas por beber en la calle o no pasar un control de alcoholemia. En un contexto de crisis como el actual entra más gente porque hay menos recursos para pagar, pero es difícil saber el volumen total”. En 2008, en Catalunya 11.000 personas cumplieron penas de trabajo en beneficio de la comunidad en sustitución del pago de penas multa.

“No pagar las multas”

Estos castigos también han marcado la agenda antirrepresiva de los movimientos sociales en la última década. Dos militantes de CNT y un activista contra el Plan Caufec de Esplugues de Llobregat han sido condenados por una falta de desobediencia y encarcelados por no pagar la multa. Sólo en Catalunya hay ocho casos con condena firme y más de 20 en espera de juicio. Según Roig, “todos se plantean la desobediencia. Nuestra campaña es por la insumisión pero no es una condición irrenunciable ni un alegato a entrar en la cárcel. El objetivo es informar, darse apoyo mutuo y herramientas –existe un Manual de Insolvencia– para evitar la pena”.

L’Assemblea, que propugna no pagar estas multas, (alespenespunyalades.blogspot.co m) reúne sectores y casos tan dispares como los de condenas por usurpación (okupación) o sabotear el toro de Osborne. Roig remacha que esta plataforma intenta “centrar el foco en afrontar conjuntamente la represión del Estado y superar los prejuicios, no en las diferentes identidades políticas”.  ver Diagonal.

El Cabildo de Gran Canaria e Instituciones Penitenciarias firman un acuerdo para llevar la actividad cultural insular a la población reclusa de la isla.

MENCEYLOCO.- El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, e Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, firmaron hoy un convenio de colaboración en virtud del cual los centros penitenciarios de la isla de Gran Canaria se integrarán en la oferta cultural que programa el gobierno insular. Luz Caballero, consejera del área de Cultura del Cabildo grancanario y Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, fueron las encargadas de rubricar un acuerdo que convierte al centro penitenciario de El Salto del Negro en el “municipio 22 de la isla” en cuanto a programación cultural. A partir de ahora, la población reclusa de la isla disfrutará de actividades, talleres, representaciones de teatro, exposiciones o visitas a centros culturales de la isla garantizando “el derecho de acceso a la cultura de toda la población independientemente de su situación personal, social o económica”, señaló Caballero. “Este gobierno entiende que el acceso a la cultura es un instrumento fundamental para el desarrollo personal de los ciudadanos y eso no excluye a los que se encuentran privados de libertad”, señaló la consejera insular quien resaltó el papel que esta actividad cultural puede tener para “acelerar los procesos de integración de estas personas que un día volverán a reinsertarse socialmente”.

Caballero adelantó que ya se trabaja para adaptar exposiciones o montajes escénicos y musicales a las “especiales condiciones” del centro penitenciario y añadió que se preparará un “completo catálogo” de actividades de carácter lúdico y cultural que complete la experiencia piloto que se ha llevado a cabo en los últimos dos meses con un taller de creación literario integrado en el Plan de Fomento de la Lectura.

Para Mercedes Gallizo, este acuerdo institucional es “muy importante” y acogió con satisfacción el apelativo de municipio 22 adelantado por la consejera: “Las personas privadas de libertad no están privadas del resto de sus derechos y el acceso a la cultura es uno de ellos. Para los habitantes de este singular municipio 22 es importante saber que acceden a una oferta de ocio y cultura que disfrutan el resto de ciudadanos. Entendemos la cárcel como un lugar donde el objetivo es la reeducación y la reinserción social y la cultura juega un papel muy importante a la hora de lograr que los individuos sepan cual es su lugar en la vida y, en consecuencia, no sólo respeten más a los demás sino que aprendan a respetarse a sí mismos”, destacó la secretaria general de Instituciones Penitenciarias.

Este convenio incluye el diseño y puesta en práctica de programas de formación, sensibilización y difusión cultural especialmente adaptados a la población reclusa. En lo que respecta al Plan de Fomento de la Lectura, el Cabildo de Gran Canaria organizará talleres literarios, clubes de lectura o conferencias de destacados autores nacionales e internacionales. El Gobierno insular participará activamente, además, en la dotación de la biblioteca del centro penitenciario.

El Síndic de Greuges denuncia la saturación de los centros de menores y la falta de plazas

EFE-BARCELONA-El Periódico de Catalunya.-  Los centros de menores están al límite de su capacidad, la sobreocupación llega hasta el 150% y el 5% de los niños en situación de alto riesgo están a la espera de que la administración les asigne algún tipo de recurso de protección, según el informe que hoy ha presentado el Síndic de Greuges de Catalunya.

El síndic, Rafael Ribó, ha entregado esta mañana al presidente del Parlament, Ernest Benach, el informe extraordinario La protección de la infancia en situación de alto riego social en Catalunya.

Dicho informe reconoce el esfuerzo presupuestario que ha hecho la Generalitat en los últimos años, ya que entre el 2003 y el 2007 los recursos destinados a los menores desamparados que tutela la administración han aumentado un 28%.

Alrededor de 10.000 menores en situación de alto riesgo

No obstante, este incremento “no ha impedido que los centros sigan estando al límite o por encima de su capacidad” y que “la sobreocupación esté, en algunos casos, cerca del 150%”, según el informe.

La Generalitat tutela a 7.450 niños pero trabaja con alrededor de 10.000 menores en situación de alto riesgo social. De estos 10.000, un 5% están a la espera de que la Generalitat elabore un estudio sobre su situación y les asigne el recurso de protección más adecuado para su caso.

“Son niños en situación de alto riesgo que, en ocasiones, siguen viviendo en un entorno inadecuado mientras esperan la elaboración del estudio”, ha aclarado el adjunto del Síndic para la defensa de la infancia, Xavier Bonal, que ha recordado que “estamos hablando de un sector muy vulnerable de nuestra sociedad”.

Faltan familias de acogida

Además, 190 niños que tienen asignada una plaza en un centro residencial permanecen en lista de espera. “La falta de plazas es especialmente grave en los centros que atienden a niños con problemas de salud mental”, según Bonal.

Otro dato preocupante es que el 23% de los niños tutelados menores de dos años están en centros de acogida por falta de familias de urgencia. La carencia de familias de acogida es uno de los temas centrales del informe del Síndic, que ha lamentado que en los últimos años haya aumentado el porcentaje de niños en plazas residenciales frente al de los acogidos por familias ajenas.

Según los informes que elaboran los trabajadores de la administración, el 17% de los niños que residen en centros deberían estar en familias de acogida, pero siguen en el centro por falta de oferta familiar.

Incentivar los acogimientos familiares

Ribó ha pedido a la Generalitat que incentive y mejores este método de protección, ya que ha recibido quejas de las familias de acogida, que denuncian falta de acompañamiento por parte de la administración.

En este sentido, el Síndic ha defendido la “profesionalización” de las familias de acogida, como ocurre en países como Francia, donde “reciben unos cursos de formación que les resultan muy útiles”.

Asimismo, estas familias “deben ser incentivadas” porque “actualmente el coste de un niño en un centro residencial es equivalente al coste de diez niños en familias ajenas”, según Ribó.

Ausencia de “irregularidades significativas”

En otro punto del informe, el Síndic denuncia deficiencias en el servicio de urgencias, “que necesita más personal para conseguir una detección y protección rápida de los niños en situación de riesgo”. Por provincias, la situación de Tarragona es “especialmente preocupante” y la sobreocupación alcanza niveles alarmantes en el centro de La Mercè.

No obstante, el estudio “no ha detectado irregularidades significativas” en la línea de las denunciadas por el Defensor del Pueblo, que afirmó en su último informe que había detectado un uso excesivo de fármacos y de celdas de aislamiento. “Hemos visto infraestructuras en malas condiciones, pero no tenemos elementos suficientes como para afirmar que los tratamientos médicos o los métodos educativos son inadecuados”, ha señalado Bonal.

El Síndic ha elaborado este informe a partir del trabajo de la profesora de la Universidad Pompeu Fabra,  Àgueda Quiroga, una encuesta realizada a diferentes sistemas de protección, un análisis de las quejas y actuaciones de oficio y “numerosas” visitas a centros y entrevistas con equipos de profesionales.

Prosigue la guerra a la Ley de Igualdad en IIPP.

GUANARTEME.- La ley de igualdad en IIPP fue combatida desde su gestación y lo sigue siendo ahora que ya lleva un tiempo aprobada.  Guerra  instigada por sindicatos corporativistas y aprovechada por el PP que incluso ha presentado una proposición no de ley para suprimir la Ley.

Desde estte blog hemos apoyado la Ley, pero también hemos dicho que su aplicación estaba siendo desastrosa.  Principalmente porque para aplicar una ley hay que cumplir  unas premisas que las Prisiones no tienen.

Para que funcionarios y funcionarias cumplan el mismo trabajo hay que despojarlos de toda actividad relacionada con la fuerza física, intervenciones, cacheos etc.  Evidentemente que son necesarios los conocimientos en defensa personal, pero no como premisa principal de tu trabajo.  Para ello volvemos a insistir en la creación de un Cuerpo de Intervención y la adecuación de las Prisiones a estos cuerpos y sus actividades.  Es decir la creación de vias rápidas de intervención, más camaras de seguridad etc.

Las funciones de los funcionarios serán así pues, las que  regalmentariamente conocemos,  vigilancia y tratamiento.  Desde esta premisa fundamental, la diferencia entre hombres y mujeres es cero.

Otra cosa muy distinta es que pasando por alto todo esto,  la  SGIIPP se empeñe en obligar a funcionarias que tienen su puesto de trabajo ganado en concurso a trabajar en otros puestos distintos, concretamente de Interior-Hombres.  Todo ello con el fin de tener una situación “normalizada” en el 2.010.  Por lo visto en varias prisiones del estado se ha obligado a funcionarias a desempeñar puestos de trabajo de vigilancia de presos, cuando estas mujeres tenían, por concurso de provisión de puestos de trabajo, su plaza en vigilancia de presas.  Yo pienso que esto es hasta ilegal, pero lo grave es que la SGIIPP y algunos Directores de Prisiones siguen teniendo los viejos hábitos de pensar que este servicio público llamado Prisión debe ser gobernado como los invernaderos de Almería.

No se consigue el éxito de una Ley imponiendo normas ilegales o abusos laborales.  En estos casos se está perjudicando a la mujer en lugar de beneficiarla.

Por último el principal rechazo a esta Ley viene dado por los intereses.  Los intereses de funcionarios que quieren trabajar al lado de su casa y ven que con la llegada de la mujer esta posibilidad se aleja.  Deberían aprender de la movilidad laboral de sus “amados usamericanos” y así tener menos “prisas”. O ciertos sindicatos deberían velar menos por los intereses de las Academias preparatorias de una región del estado español que tiene más prisiones-tipos  que presos genera, e incluso reclaman más.

Conflicto de intereses y pésima gestión de la Administración.  Y en medio muchas trabajadoras “inocentes”